Los incendios forestales cada vez son más virulentos, agresivos y se acercan peligrosamente a las viviendas. Solo el año pasado, las llamas provocaron el desalojo de más de 28.150 personas, algo que convirtió a 2023 en el tercer año con mayor número de evacuaciones preventivas del que se tienen registros. Además, se contabilizaron 19 grandes incendios, aquellos en los que la superficie afectada supera las 500 hectáreas. En total, las llamas afectaron a 89.000 hectáreas. Por segundo año consecutivo, el Gobierno ha adelantado la campaña estatal contra los incendios forestales, después de tener en cuenta la prolongada sequía y las altas temperaturas. La predicción climática indica que este verano será más cálido en el Mediterráneo y en los dos archipiélagos. El operativo estatal está dispuesto desde este sábado para ayudar a las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias de prevención y extinción de los incendios. El final de la campaña está previsto para el 15 de octubre, aunque la fecha está sujeta a revisión.
Todo lo que rodea a la extinción de los incendios forestales, especialmente si son de grandes dimensiones y obligan a movilizar efectivos nacionales o de diferentes comunidades autónomas, funciona como un engranaje en el que intervienen, además de los responsables públicos, numerosos especialistas, que van desde los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), o en biodiversidad, a técnicos de riesgos forestales, pasando por Guardia Civil, Cruz Roja o quienes luchan a las llamas, ya sea desde el aire o a ras de tierra. El papel del Gobierno en estas emergencias es ayudar a las Comunidades Autónomas aportando diferentes medios, como pueden ser las 10 brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF), el grupo 43 de las Fuerzas Aéreas, o la Unidad Militar de Emergencias (UME), que supone el medio de auxilio más extraordinario.
En el gran ejercicio de coordinación estatal que supone la lucha contra los incendios forestales intervienen, además de los municipios y las comunidades afectadas, los ministerios de Interior, Transición Ecológica y Defensa, que prestan diferentes grados de apoyo a las autonomías en función de la gravedad de la emergencia. Esa gravedad se mide en cuatro niveles que parten desde cero. En el nivel 1, se pueden requerir medios del Estado. El 2, y que implica que la población está en riesgo de verse afectada por las llamas, permite reclamar la presencia de la UME, que se activa a petición de Interior, a través de Protección Civil y Emergencias. En el máximo nivel, el 3, la comunidad pide que el Estado asuma el control del incendio, pero nunca se ha solicitado en democracia.
Virginia Barcones, directora de Protección Civil y Emergencias, dependiente de Interior, repasaba este miércoles desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CEMEM) de Madrid, el mapa de riesgos forestales, al tiempo que explicaba el rol de su organismo en este engranaje. “Nuestro papel es coordinar y estar ahí, junto a esa labor de los medios del Estado, para que todo el mecanismo esté engrasado y demos la respuesta más eficaz”. La directora de Protección Civil y Emergencias, que vive su primer verano desde este puesto, recuerda sus experiencias con los incendios forestales durante su etapa como delegada del Gobierno en Castilla y León. Especialmente el verano de 2022 y el fuego en la Sierra de la Culebra (Zamora), con 22 poblaciones afectadas y más de 2.000 vecinos evacuados. En julio de ese año, habían ardido 85.000 hectáreas en Castilla y León, casi la mitad de la extensión quemada en todo el territorio nacional. “Llegamos a tener en un día cinco activaciones de la Unidad Militar de Emergencias en incendios distintos”, rememora. De aquella experiencia, recuerda el asombro por la virulencia de las llamas de profesionales que llevaban muchos años trabajando en la extinción de incendios.
Sequía extrema y alerta en Levante
El comité de coordinación del plan estatal de incendios forestales, presidido por Interior y en el que participan Transición Ecológica y Defensa, acordó en mayo adelantar el comienzo de la temporada alta. “Esto es un poco más simbólico que efectivo, porque en cuanto a medios, tenemos disposición para intervenir durante todo el año”, explica María Jesús Rodríguez de Sancho, directora de Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica. En 2022, un Real Decreto sobre incendios forestales ya estableció la necesidad de reforzar la defensa durante todo el año por los cambios demográficos y poblacionales, como el hecho de que las viviendas se sitúen cada vez más cerca de zonas forestales, y los impactos del cambio climático.
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La evolución de los incendios forestales está siendo buena este año, según Rodríguez. “Desde enero hasta mayo hemos tenido un 53% menos, pero eso no debe llevar a bajar la guardia porque las condiciones de sequía, sobre todo en una parte del país, han sido y siguen siendo muy extremas”, pide. La zona de Levante, desde Cataluña hasta el sur, se encuentran en situación de especial alerta. Esta situación hace que la vegetación esté más seca y que si se inicia un incendio hay más probabilidades que termine superando las 500 hectáreas y convirtiéndose en un gran incendio. Y en esos casos, según explica la directora de Biodiversidad, la experiencia les dice que es mucho más difícil de atajar, precisamente por el estado de la vegetación, la temperatura y la sequedad del ambiente.
Los dos mayores incendios del año pasado, el ocurrido en mayo en Pinofranqueado (Extremadura y que afectó a 10.800 hectáreas), y el desatado en agosto en Tenerife (Canarias, 15.000 hectáreas quemadas), representan ellos solos el 25% de la superficie afectada en 2023. “Debemos ser muy previsores para evitar que los incendios que se originan no se conviertan en grandes incendios”, pide Rodríguez.
En los últimos años, los grandes incendios se han adelantado al arranque de la temporada oficial. En mayo de 2023, ya se habían registrado 14 grandes incendios, recuerda Benjamín Salvago, subdirector general de prevención, planificación y emergencias de Protección Civil. Salvago incide en que la población cada vez está más concienciada cuando se ordenan los desalojos. Protección Civil pone a disposición de las Comunidades un sistema de envíos de mensajes, llamado ES-Alert, que permite remitir alertas a los teléfonos móviles localizados en un área afectada por una emergencia, y que pueden servir, por ejemplo, para indicar la ruta de evacuación en el caso de incendio. En Canarias han hecho simulacros en los últimos días para que la población se familiarice con estos mensajes.
Marcelino Núñez, delegado territorial de la Aemet en Extremadura y experto en el comportamiento de los incendios y su relación con los fenómenos atmosféricos, coincide en que la temporada alta de los incendios puede ser un concepto un tanto difuso, ya que hay zonas, como Galicia, País Vasco, o Asturias, en las que el mayor riesgo comienza en otoño.
Los datos de predicción climática que la agencia maneja sobre este verano indican que será más cálido que la media de los últimos 30 años en el arco mediterráneo, con casi un 70% de probabilidad, y en los dos archipiélagos. Estas estimaciones toman en cuenta una referencia de un periodo que va desde 1991-2000 y “se traducen en temperaturas muy elevadas y olas de calor un poquito más largas de lo normal”, en coherencia con los dos últimos años.
Nuñez, que ha ayudado en muchos incendios en Extremadura, incide en un consejo en el que coinciden los entrevistados. “El fuego de Pinofranqueado fue en mayo, fuera de temporada”, recuerda. “No te puedes relajar”, añade. “Aunque desde luego peor época siempre es en verano”.
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